Leyes vivas y prácticas II.

En esta segunda entrada deseo apuntar alguna de las concepciones legales y filosóficas contemporáneas que promueven un derecho sustentado en la dignidad del hombre, la moral individual y el impacto desde lo social a lo político en la Ley de Leyes.

 

*

Filosofía del derecho [i].

Una característica que tiene el Derecho a diferencia de las  ciencias exactas es que nada en él nada es Absoluto.

En el Derecho no existe algo irrefutable o universal. El derecho es cambiante y efímero; y es por esa misma naturaleza la utilidad de observar los aportes jurídicos a la historia humana desde enfoques diferentes, heterodoxos y fuera de lo común, de gran importancia para valorar la eficiencia y capacidad crítica cuando se interpreta, se aplica y crean normas jurídicas, en consecuencia, esta visión desde la filosofía del derecho contribuye la (re)construcción permanente de las sociedades, hacia un capacidad legislativas cada vez más justas, racionales y equitativas de acuerdo a “la dignidad plena del hombre”.

No es casualidad que la primera Carta Magna conocida y conservada sea la Magna Carta Libertatum, promulgada en el 1215 como consecuencia de la opresión de unos sobre otros; primera en limitar el poder Absoluto del Soberano. Ese cuerpo legal regulaba en esencia la “limitación del poder” a través de una asamblea para proteger ese mismo Derecho, el debido proceso y la separación de Estado e Iglesia. Las ideas de 1215 han continuado vigentes en todas las grandes constituciones, desde la americana, la francesa, la española hasta nuestros días.

Las más ambiciosas ideologías de justicia social en el siglo XX se empeñan en “mostrar los deberes del poder público, los contornos de la libertad, las plataformas de la equidad o los síntomas de la imparcialidad, y reflejado en docenas de constituciones, pero muchas suelen olvidar un punto: cómo nos tratamos”. El Anteproyecto constitucional cubano es una prueba. Los debates y el eventual referéndum lastran ese pasado utilitarista, desde lo teológico e ideológico en la historia cubana –pero igual occidental- de definir derechos y deberes, pero desatenderse de los valores íntimos y personales de las persona, anteponerlos a los de la propia concepción mayoritaria de una realidad macro histórica. El “derecho al valor” de una constitución se estima por el respeto a sus minorías.

Una muestra el desafiante y a veces cansino “debate” sobre el matrimonio igualitario expuesto en el Anteproyecto y en los cientos de páginas escritas al respecto, parece en ocasiones se obvia lo fundamental:  la concepción de la libertad plena de la persona humana en cuanto a ser y ciudadano. ¿Por qué el derecho debe normar las relaciones sexuales? Cuáles son las causas iniciales y finales que originan que se deban legislar esos derechos y deberes? ¿Por qué en la sociedad cubana actual persisten rasgos excluyentes por cuestiones de raza, de sexualidad, ideológicas o por concepciones existenciales o económicas? No se asume en ese debate esas causas solo las consecuencias de acuerdo a la tradición positivista y utilitaria del derecho, pero solo se amplifica desde el escenario social la simplificadora opinión sustentada en ideas ya preconcebidas por toda hermenéutica ideológica o teológica.

Mi respuesta personal está en que por primera vez se definen desde una constitución cubana conceptos como “Estado de Derecho” y “Derechos Humanos”, principios básicos de la “dignidad plena del hombre” y el reconocimiento que el Derecho Constitucional está sujeto a lo variable de acuerdo siempre a la plenitud humana en busca de su realización individual y colectiva, a la “búsqueda de la felicidad”. El reconocimiento que la mayoría, el soberano, no le puede imponer  a  las minorías valores que no comparte bajo consideraciones raciales, políticas, religiosas, ideológicas o sexuales. Todo ello ya se delineó sutilmente en la primera Carta Magna británica del 1215.

Dos principios de la más actual filosofía del derecho expresan constituyentemente esa dignidad humana plena: el principio de la importancia objetiva de la igual de todas las vidas humanas y el principio de la especial responsabilidad de cada individuo sobre el éxito de su propia vida. El primero sostiene que lo bien o mal que vaya la vida de un sujeto es algo importante en sí mismo y debe preocuparnos a todos –con independencia de cuál sea la actitud del sujeto en cuestión sobre su propia vida. El segundo principio dice que cada individuo debe decidir por sí mismo el tipo de vida que merece la pena vivir. Sin perjuicio de las obligaciones que pueda tener el Estado hacia nosotros, cada sujeto es el principal responsable de lograr que su vida sea buena. Una revolucionaria teoría filosófica del que apenas se discute hoy en Cuba inmersa en un proyecto constituyente. Estos dos principios determinan el contenido de nuestra moralidad —tanto política como personal—; imponen obligaciones al Estado sobre cómo tratarnos y definen el modo en el que nosotros mismos debemos encarar nuestras vidas. En el plano político el reconocimiento de la importancia objetiva e igual de las vidas humanas prohíbe al Estado distribuir bienes y oportunidades, deberes y derechos, desigualmente entre los ciudadanos con el argumento de que algunos merecen más atención que otros.

La responsabilidad especial de los individuos sobre su propia vida está conectada con el deber del gobierno de respetar a todos los individuos por igual que se traduce en una doble exigencia, a saber: tratarles a todos como seres humanos capaces de formar y actuar según concepciones del bien y no limitar sus libertades esgrimiendo la superioridad de algunas concepciones del bien. En el terreno ético, el principio de la importancia objetiva implica un deber de respetarse a uno mismo y tomarse en serio la propia vida; el principio de la responsabilidad especial, por su parte, nos exige vivir con autenticidad e identificar por nosotros mismos la vida que es exitosamente plena y moralmente decente.

La decencia, esa virtud de la que habla con tanta elocuencia Avishai Margalit, debe empezar en nosotros: nos debemos tratar como personas, nunca como recipientes que almacenan cosas u órganos que procesan sensaciones. La forma en que nos tratamos no es menos importante que la forma en que tratamos a los demás. Ese debate no lo he visto incluso entre los constituyentes cubanos, por supuesto mucho menos en los diversos sectores ideológicos (sociales, económicos y políticos) que configuran la sociedad nacional diseñadas por jerarquías verticales que propician el utilitarismo positivista de creer que una ley o un credo puedan delimitar la infinita experiencia humana. Esas son las “leyes vivas y prácticas” provistas de una fuerte carga humanista y liberal a las que aspiraba José.

[i] Notas

Esta entrada es una emanación posible gracias a la lectura de Avishai Margalit y Ronald Myles Dworkiny; y, de las conversaciones entre el bar y la catedra con mis amigos postnacionales que representan la máxima aquella de “patria es humanidad”.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *